Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer, participó en la presentación virtual del estudio “Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo Adolescente en la República Dominicana”, el cual fue realizado en el marco del Día Mundial de la Población, que se conmemora cada 11 de julio, desde 1990.
Dicha celebración tuvo como lema: “Los derechos y las opciones son la respuesta”, con miras a destacar la necesidad de priorizar los derechos en materia de salud reproductiva de todas las personas, aun durante el contexto de COVID-19.
El hallazgo precisó, que el impacto económico total del embarazo adolescente y la maternidad temprana en el país asciende a RD$3,652 millones de pesos dominicanos (73 millones de dólares estadounidenses), equivalentes al 0.09% del Producto Interno Bruto (PIB), Según el informe presentado indicó Harold Robinson, director regional del UNFPA para América Latina y el Caribe,
Sin embargo, señala que este monto, que representa la pérdida absoluta de ingresos que dejaron de percibir las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia, sería 2.66 veces mayor, equivalente a 0.23% del PIB, si se incluyeran en la medición los hogares donde el jefe de hogar es hombre, precisó el expositor.
Estas estimaciones fueron obtenidas a través de la implementación en la República Dominicana, con datos del 2018, de la “Metodología para estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad adolescentes en países de América Latina y el Caribe”, denominada Milena 1.0, diseñada por la Oficina Regional del UNFPA.
La investigación establece que en materia de salud el embarazo y la maternidad adolescentes comprometen al menos 1,053 millones de pesos dominicanos del Estado en cuidado y atención para el embarazo, parto, puerperio y atención de recién nacidos de adolescentes de 10 a 19 años.
A esto se suma, según los datos suministrados por UNFPA, que la pérdida fatal que representan las niñas y adolescentes afectadas por la mortalidad materna, está estimada en 123 por cada 100 mil nacimientos de madres en ese grupo etario, quienes hubieran aportado 193 millones de pesos dominicanos durante su vida productiva.
La indagación señala, que de cada 10 adolescentes que se embarazan 6 no concluyen la educación secundaria y solo 6.2% completa estudios universitarios, por lo que dejan de percibir anualmente RD$2,569 millones pesos, debido al menor nivel educativo alcanzado, en comparación con las mujeres que fueron madres adultas.
En la actualidad, casi 200 mil niñas y adolescentes dominicanas, es decir, el 20%, están en riesgo de atravesar la experiencia del embarazo y la maternidad precoces y que solo en el 2019, nacieron 28,791 niños y niñas de madres entre los 10 y los 19 años, lo que equivale al 24.5% de los nacimientos que ocurrieron en el país, de acuerdo a datos recogidos en el Repositorio del Servicio Nacional de Salud (SNS), según precisó el informe.
El hallazgo precisó, además, que antes del coronavirus COVID-19, el 68 de cada 100 estudiantes no recibían ningún tipo de educación en sexualidad, pese a que la iniciación sexual es cada vez más temprana, con 41% de las adolescentes dominicanas ya iniciadas.
Este último porcentaje aumentó a 60.9 en el caso de las niñas y adolescentes del grupo socioeconómico más bajo”, expuso el director regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, durante su ponencia.
Destacó que otro factor decisivo es el acceso a anticonceptivos, en lo cual el país reporta una necesidad insatisfecha de 27% entre las adolescentes sexualmente activas. También influyen la desigualdad de género y la prevalencia de matrimonios infantiles y uniones tempranas antes de los 18 años, lo que se presenta en 36% de las adolescentes dominicanas.
Robinson especificó, que los datos que se detallaron contribuirán a fortalecer los planes y trabajar de forma constante para su reducción, a fin de lograr una República Dominicana próspera, que sea ejemplo de desarrollo sostenible y respetuosa de los derechos humanos de adolescentes y jóvenes y de todas las personas.
Durante la presentación el UNFPA dio una serie de recomendaciones de políticas aceleradoras de la reducción de los embarazos, entre las que se destacan: La implementación de la educación integral de la sexualidad y avanzar en la reducción de prácticas nocivas como la violencia en el noviazgo, los abusos sexuales y las uniones tempranas.
También, estipula que se debe proveer a las adolescentes servicios integrales, amigables y de calidad, con énfasis en salud sexual y salud reproductiva, incluyendo anticoncepción entre otras.
Se reflexionó en el sentido de que el embarazo de niñas y adolescentes es el rostro fundamental de la desigualdad, que además de representar una pérdida económica para el país y este debe alertar para prevenir y garantizar que las adolescentes conozcan sus derechos.
En la actividad participaron además de la Ministra Mayra Jiménez, Dilia Leticia Jorge Mera, Viceministerio de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, Pavel Isa Contreras, Viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Paula Disla, presidencia del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolecían (Conani), Sonia Vásquez, representante Nacional del Fondo de Población para Naciones Unidas, Mario Lama, Director de Servicio Nacional de Salud, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, entre otros.
Se implementó la metodología MILENA 1.0 diseñada por la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que permite estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad de adolescentes en países de América latina y el Caribe y mide los efectos del embarazo y la maternidad adolescentes atendiendo a diferentes dimensiones.